Bayram Tutumlu, agente internacional de la FIFA, representante de jugadores, directores técnicos, clubs y organizaciones, además de el ex representante del Dínamo de Kiev, presentó ayer una demanda de conciliación en un juzgado de barcelonés reclamando las comisiones a que el máximo dirigente azulgrana se había comprometido. En concreto, el 10% de los negocios que realizase en la república de Uzbekistán.
En el mes de abril del pasado año, comenzó una estrecha relación con Joan Laporta, a quien le concertó una cita con Miradil S. Djalalov, empresario estrechamente vinculado al club de fútbol Kuruvchi (hoy llamado FC Bunyudkor) y al presidente uzbeko, Islom Karimov. La reunión tuvo lugar en un reservado del selecto restaurante Vía Véneto de Barcelona el 18 de mayo de 2008, según lo que publica en esta misma información El Confidencial. Al principio de la misma, Laporta mantuvo una actitud distante porque “creía poco en la negociación con un club de Uzbekistán”.
Finalmente, las dudas de Laporta desaparecieron cuando supo que Djlalov es el propietario de la multinacional Zeromax GmbH, con sede en Suiza, tiene negocios de petróleo, gas, minas de oro y un imperio vinculado a la agricultura, al textil y a la logística. Aunque sin duda lo que más le impresionó según El Confidencial fue que tenía listos 25 millones de euros para establecer acuerdos de colaboración con el Barça.
Pasados unos meses, Tutumlu y Laporta siguieron en contacto. El presidente del Barça volvió a recordarle que algunas negociaciones “se llevarían desde su propio despacho de abogados, con el fin de cobrar una minuta adicional para su despacho, excepto lo que concerniera al Barcelona”. Pero pasaron los meses y el intermediario sólo recibía largas por parte de Laporta, quien le aseguraba que no había negocio alguno, sin embargo, el intermediario afirma que ha tenido conocimiento “de que Joan Laporta ha cerrado otros asuntos con los representantes uzbecos, de los que nace asimismo su derecho a percibir la correspondiente comisión”, aunque de momento reclama el 10% de lo que se ha acreditado y que asciende a 10 millones de euros según El Confidencial.
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