La Liga recibe un cementerio de Marbella como pago de las deudas de Gil





Un juzgado de Madrid ha adjudicado a la Sociedad Española de Fútbol Profesional, que gestiona los servicios de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la propiedad del cementerio Virgen del Carmen de Marbella (Málaga) como pago de unas deudas contraídas por anteriores gobiernos del GIL.

La resolución del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid supone la ejecución forzosa de un laudo arbitral celebrado el 25 de julio de 2000, en el que se condenaba a la empresa municipal ya disuelta, Eventos 2000, a pagar a la citada sociedad una deuda de 92.155.896 pesetas -más de 550.000 euros-, ha explicado hoy el portavoz municipal del PP, Félix Romero.

Romero ha aclarado que este procedimiento entronca con el "caso Camisetas", asunto judicial que concluyó con la inhabilitación como alcalde de Marbella del ex regidor y ex presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, ya fallecido.

La deuda tiene su origen en el incumplimiento de un acuerdo entre el Atlético de Madrid y la Sociedad del Fútbol Profesional, en virtud del cual el equipo de fútbol debía transferir los derechos de explotación publicitaria de su material deportivo a la citada sociedad.

Cantidades

En concreto, el convenio -de 15 de julio de 1998- obliga a los jugadores y cuerpo técnico de la primera plantilla del club Atlético de Madrid a portar durante la temporada 1998 y 1999 el nombre de "Marbella" en sus camisetas.

A cambio, Eventos 2000 tendría que abonar la cantidad de 300 millones de pesetas más impuestos en cuatro plazos, mientras que la Sociedad Española de Fútbol colaboraría en la promoción de la empresa municipal.

El portavoz del equipo de Gobierno ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al asegurar que "el Ayuntamiento no está parado y está estudiando el caso". Ha recordado que el cementerio municipal es un bien "inembargable e inalienable" por estar relacionado con un servicio público como en este caso es el servicio mortuorio de cementerio.

En este sentido, considera que el Consistorio "tiene todas las posibilidades jurídicas al estar la Ley de su parte, porque si se ha embargado o enajenado se ha hecho incorrectamente".

Romero ha adelantado que el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso de reposición contra el auto del juzgado de Madrid y ha anunciado la presentación de un recurso de apelación, "ya que se ha tratado infructuosamente de llevar este asunto a la Audiencia Provincial de Madrid". El representante municipal confía en que cuando una segunda instancia revise la actuación, "entenderá que no es acorde a derecho".