Dicha petición ha sido promovida desde la Organización Impulsora del Discapacitado (OID), como acusación popular, al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que investiga presuntas irregularidades en las diligencias previas de la anterior Junta Directiva del Real Madrid. Entre otras asuntos, la organización denuncia el coste "excesivo" de las últimas Asambleas Generales organizadas por la Junta Directiva encabezada por Ramón Calderón: "Desconocemos qué 'servicios jurídicos' cuestan 15.000 euros teniendo el Real Madrid su propia Asesoría Jurídica o si el montaje, celebración y desmontaje de INDRA valen 799.000 euros. Nosotros no prejuzgamos ni acusamos a nadie, pero pedimos una investigación hasta el final", asegura.
Según informa la OID en un comunicado a través de su abogado, Javier Gallego, se señala que "no tiene sentido someter a la aprobación de los dueños del club -que son los socios- unas cuentas que están siendo investigadas por el Juzgado, que a su vez pudiera derivar en la presunta comisión de hechos delictivos". "No se puede pedir al socio su conformidad y beneplácito sobre unos números y gestión que en su día pudieran declararse ilícitos. Como botón de muestra el socio debe saber que el coste de la última asamblea ascendió a 1.361.161 euros", añade.
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