De todas ellas ha salido indemne y casi siempre invisibilizado gracias a los éxitos deportivos, sin embargo el presidente barcelonista puede haberse metido en un lío algo más serio esta vez. Y es que según publica hoy 'El Confidencial' la Fiscalía le está investigando por haber simulado presuntamente un contrato entre Johan Cruyff y Mediapro por el que Jaume Roures "se hacía con la representación de la imagen del holandés en los medios radiofónicos y televisivos por cinco años a cambio de 3 millones de euros". Dicho técnicamente, por falsedad documental, apropiación indebida y administración desleal hacia el club.
Fue Oriol Giralt -el mismo que promovió la moción de censura del verano de 2008- el que demandó a Joan Laporta porque fue su despacho privado el que hizo de intermediario en este acuerdo de septiembre de 2007, y según estas informaciones el fiscal cuenta con una documentación muy comprometida. Concretamente, un escrito de la directora general del despacho de abogacía de Laporta en el que se habla claramente de "un contrato ficticio" entre la propia Mediapro y la empresa de Cruyff (Nuevos Horizontes 2000).
CRUYFF PUDO MEDIAR EN EL ACUERDO ENTRE MEDIAPRO Y EL BARCELONA
Para entender el origen de este acuerdo y según estas mismas informaciones, se explica que Jaume Roures es amigo personal tanto de Johan Cruyff como de Joan Laporta, y que el ahora seleccionador catalán "intervino en nombre de Mediapro ante diversas instituciones privadas con el fin de promocionar sus empresas y de cerrar acuerdos con los que se ha obtenido y se prevé obtener considerables beneficios" (Roures dixit).
Estas declaraciones forman parte de un escrito que tiene la Fiscalía y que el dueño de Mediapro (y a su vez del diario 'Público', que asegura que el vestuario del Madrid está dividido) debía mandar al holandés. Curiosamente están fechadas "inmediatamente después" de que el club culé y la sociedad de Roures firmaran el 5 de mayo de 2006 un acuerdo por los derechos de retransmisión del FC.Barcelona a cambio de la friolera de 115 millones de euros anuales hasta 2011. Todo encaja, pues entre todos se ayudaban para firmar acuerdos por los que salían ganando. Algo que por otra parte es lícito, pero siempre y cuando se haga dentro de los marcos de la ley, que es lo que está investigando a día de hoy la Fiscalía.
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