Pese a que la sanción de la UEFA al Real Madrid la temporada pasada sentó cátedra en el fútbol continental, la RFEF sigue actuando como el gobierno de una república bananera. Todas las miradas se han fijado tras el Barcelona – Rayo Vallecano en un Pérez Lasa, que, de alguna forma, se encontró atado de pies y manos a la hora de escribir el acta del encuentro. Es cierto que el colegiado no incluyó la interpretación de la cartulina en el documento, pero, al parecer, los árbitros españoles no tienen potestad suficiente para expresar apreciaciones en el acta.
Así lo asegura El Confidencial, en un artículo que pone en duda la importancia del gremio arbitral en el fútbol español. En dicho texto se citan fuentes arbitrales que reconocen que la RFEF ha dado la orden a los colegiados de limitarse a describir lo ocurrido. No obstante ahí está el artículo 112, que señala que “el árbitro estará habilitado para hacer constar tal circunstancia (la intencionalidad de ver la tarjeta) en el acta”, y que incluye además el castigo que conlleva la provocación de una cartulina: “el futbolista que provoque una amonestación podrá ser sancionado, además de con la sanción prevista, con un partido adicional de suspensión y una multa de 600 euros”.
Si los árbitros no están habilitados para aplicar una norma de creación reciente, ¿Para qué se incluye ésta en el código arbitral? Se supone que lo que dice el acta va a misa, y el barcelonismo se acoge a esto para tratar de evitar la sanción de dos partidos para Piqué. El Comité de Competición deberá entrar de oficio para dictaminar si el central culé merece el castigo o no. Sin embargo, la coartada está ahí en el caso de que desechen dicha posibilidad. Así funciona esta Federación dictatorial, en la que los árbitros sólo son peones de lo que se ordena desde arriba.
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