Mediante un comunicado, la ACB ha ratificado "su oposición total" al sistema de competición "semicerrado" que promueve la Euroliga e insiste en que la Asamblea General de la citada asociación es "el único foro posible para modificar el sistema de participación en las competiciones europeas".
La ACB recuerda que el citado sistema de competición ya fue rechazado en la Asamblea de julio de 2008 y, desde entonces, no se ha producido ninguna otra convocatoria. Por todo ello, la ACB insiste en la defensa de los intereses de sus asociados y por mantener "la esencia competitiva del deporte", un valor que" vulnera y adultera gravemente" el proyecto que impulsa la Euroliga.
En este sentido, la ACB ha anunciado que en el caso de materializarse la puesta en marcha del proyecto, con la celebración el próximo miércoles del sorteo de la próxima Euroliga, la ACB formalizará la presentación de sendas denuncias ante el Tribunal Arbitral de Suiza y la Comisión de Competencia de la Comunidad Europea.
Abuso de posición
Las denuncias se sustentarán en una posible infracción de abuso de posición y competencia desleal en la que podría incurrir este proyecto. La ACB considera que la nueva competición de la Euroliga conlleva unos posibles riesgos y sanciones económicas importantes por parte de la Comisión Europea que pueden derivar hacia los equipos que participan en ella.
Además, la ACB insiste en que la base fundamental de su proyecto se basa en el principio deportivo, sin perjuicio de contemplar otros criterios como la estabilidad y el interés económico.
Por todo ello, desde la Asociación de Clubes se considera que "el proyecto que pone en marcha la Euroliga, de forma ilegal al no haber sido aprobado en una Asamblea, discrimina y crea una competencia desleal, en lo que se refiere a la contratación de jugadores, acuerdos con patrocinadores y otros principios básicos sobre los que debe sustentarse cualquier competición nacional".
En consecuencia, la ACB ha comunicado a la Euroliga la decisión mayoritaria adoptada por los clubes de su competición de rechazo a su proyecto y, en consecuencia, "su decisión de suspender las negociaciones ante la imposibilidad de hallar un punto de encuentro satisfactorio para ambas entidades".
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